LA OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES: EL FENÓMENO “OKUPA”

En la actualidad cerca de 100.000 viviendas se encuentran ocupadas de manera ilegal en España, esto es, de forma no consentida ni tolerada y no encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada del artículo 47 de la Constitución Española. A ello se le conoce como el fenómeno “okupa” y supone muchos quebraderos de cabeza para aquellos que la sufren.

En este artículo se pretende analizar la tutela judicial que ofrece nuestro ordenamiento jurídico ante el fenómeno de la ocupación y en concreto cual es la mejor vía para que el propietario de un inmueble ocupado ilegalmente pueda lanzar a los ocupantes y recuperar la posesión.

Es importante empezar poniendo de manifiesto que el propietario del inmueble ocupado ilegalmente no se puede tomar la justicia por su mano, por mucho que pueda pensar que está en su derecho o que es la mejor solución o la más rápida, pues tal comportamiento encontrará el reproche legal y puede conllevar graves consecuencias a nivel civil e incluso penal. Por tanto, hemos de acudir a las posibilidades que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico: la vía penal y la vía civil.

El artículo 245.2 del Código Penal castiga con pena de multa de tres a seis meses la ocupación sin violencia de viviendas, inmuebles o edificios que no constituyan morada, así como a aquellos que se mantuvieren en ellos contra la voluntad de su titular. Sin embargo, la acción civil acumulada a la penal no satisface, tanto normativa como procesalmente, el interés del perjudicado de recuperar con la mayor celeridad la posesión, y la calificación del delito de usurpación como delito leve no permite la adopción de medidas cautelares reales, por lo que, en mi opinión, la vía penal no es apta y eficaz para conseguir la desocupación del inmueble y es preferible acudir directamente a la vía civil.

En el año 2018, ante el aumento progresivo del fenómeno de ocupación ilegal premeditada, por la fuerza, con finalidad lucrativa, que nada tiene que ver con situaciones de necesidad de personas o familias vulnerables, se aprobó la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, que agiliza el desalojo si el propietario es una persona física, entidad sin ánimo de lucro con derecho a poseerla o entidad pública propietaria o poseedora legítima de vivienda social.

Así, el mecanismo de recuperación que aborda esa ley encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 441 del Código Civil, a cuyo tenor: «En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho de privar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la Autoridad competente».

Hasta ese momento, los derechos reconocidos por el Código Civil podían ejercitarse por medio del juicio verbal, a través del ejercicio de tres acciones: la de desahucio por precario art. 250.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la de protección de los derechos reales inscritos del art. 250.1.7º de la LEC; y la de la tutela sumaria de la posesión del art. 250.1.4º de la LEC (antiguo interdicto de recobrar la posesión), que tras esa reforma introducida por la Ley 5/2018, se adecúa y actualiza para una recuperación inmediata de la vivienda ocupada ilegalmente mediante el procedimiento desarrollado en los artículos 437, 441 y 444 de la misma.

Para presentar demanda necesitará contar los servicios de abogado y procurador.

Son novedades de la denominada Ley de Desahucio Exprés:

1.º Permite que la demanda para la inmediata recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella pueda dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación y, a efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad.

2.º Se requerirá a los ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación del decreto de admisión de la demanda, título que justifique su situación posesoria. Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante. Dicho auto no es recurrible y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.

3.º Si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, sin necesidad de que transcurra el plazo de espera de veinte días previsto en el artículo 548 de la LEC.

Por tanto, no se deben ejercitar las acciones de desahucio por precario o la protección de los derechos reales inscritos, ya que el cauce conocido como «desahucio por precario» plantea un problema de inexactitud conceptual, con la consiguiente inseguridad en la consecución de la tutela pretendida, dado que en los supuestos de ocupación ilegal no existe tal precario, puesto que no hay ni un uso tolerado por el propietario o titular del legítimo derecho de poseer, ni ningún tipo de relación previa con el ocupante: la finca no ha sido cedida en precario sino ocupada ilegalmente. Y, la segunda de las acciones también presentan limitaciones o ineficiencias como respuesta a este fenómeno, puesto que existen causas tasadas de oposición, no pueden ser ejercitadas por titulares de derechos que no tienen acceso al Registro y se exige al demandado prestar caución para poder oponerse.

GRANALEX / ABOGADOS