PLAZO PARA RECURRIR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO DESESTIMATORIO

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos administrativos cualquiera que sea su forma de iniciación, como así establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 21.

Ante la falta de resolución expresa de la Administración en el plazo señalado legalmente, despliega sus efectos la institución jurídica del “silencio administrativo”, concebida como garantía de los ciudadanos y no como un mero pretexto de las Administraciones para dispensar una obligación o deber de resolver expresamente, aunque lamentablemente en la práctica es habitual que las Administraciones no resuelvan un gran porcentaje de procedimientos.

El “silencio” puede ser desestimatorio o estimatorio según los casos.

¿Cuál es el plazo para recurrir el silencio administrativo desestimatorio?

El Pleno del Tribunal Constitucional, en sentencia de 10 de abril de 2014, estableció que, cuando la Administración rechaza una petición de un particular por silencio administrativo, no hay plazo para interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Es decir, que mientras la Administración no resuelva, el interesado podrá presentar el recurso contencioso administrativo en cualquier momento sin sujeción a plazo.

Dicha Sentencia acabó con las distintas dudas en relación al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que establece el plazo de seis meses para recurrir en vía jurisdiccional las decisiones de la Administración que se producen por silencio administrativo a contar desde el día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

El Pleno del Tribunal Constitucional llegó a esa conclusión tras analizar la evolución de la regulación legal del silencio administrativo desde la promulgación de la primera ley reguladora del proceso contencioso-administrativo, en 1958, hasta la última reforma de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de 1999.

El artículo 42 de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado por la Ley 4/1999 y vigente a fecha de la Sentencia del TC de 10 de abril de 2014, establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación (art. 41.1 Ley 30/92, actualmente Art. 21.1 Ley 39/15) en el plazo máximo de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea (art. 42.2 Ley 30/92, actualmente Art. 21.2 Ley 39/15). Incluso, establece que, transcurridos los seis meses para resolver sin que la Administración lo haya hecho y desplegados los efectos del silencio negativo, la Administración mantiene la obligación de resolver expresamente sin vinculación alguna al sentido del silencio (art. 43.3 Ley 30/92, actualmente Art. 24.3.b de la Ley 39/15), por lo que podría entonces resolver estimando la solicitud.

Por tanto, la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, mientras que, en cambio, la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente (Art. 24.3.b de la Ley 39/15).

El silencio administrativo negativo deja de ser considerado un “acto” con efectos jurídicos para volver a la concepción tradicional según la cual se trata de una mera ficción legal que abre la posibilidad de impugnación”, como así señala la citada Sentencia en su Fundamento de Derecho 4º.

Esta novedad en la Ley 39/15 no es sino un reflejo de la posición adoptada por la jurisprudencia y que fue confirmada por  el Tribunal Constitucional en la Sentencia núm. 14/2006, al afirmar que la inactividad de la propia Administración no puede ser causante de una inadmisión del recurso en vía administrativa o contencioso administrativa, pues ello provocará una lesión al derecho fundamental consagrado en el art 24 CE.