EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MENORES

El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

A tales efectos, se considera sustracción:

1.º El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.

2.º La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.

Nuestro Código Penal también castiga al progenitor cuando el menor sea trasladado fuera de España o fuese exigida alguna condición para su restitución y lo hace con mayor dureza, elevando las anteriores penas a su mitad superior.

Sin embargo, en el caso de que el sustractor comunique el lugar de estancia al otro progenitor o a quien corresponda legalmente su cuidado dentro de las 24 horas siguientes a la sustracción con el compromiso de devolución inmediata que debe llevarse a cabo efectivamente, o si la ausencia no hubiere sido superior a dicho plazo de 24 horas, quedará exento de pena.

Si la restitución la hiciere, sin la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a la sustracción, le será impuesta la pena de prisión de seis meses a dos años.

Estos plazos se computarán desde la fecha de la denuncia de la sustracción.

Estas penas se impondrán igualmente a los ascendientes del menor y a los parientes del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que incurran en las conductas anteriormente descritas.

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES:

La sustracción internacional de menores es aquella situación en la cual, uno de los progenitores (el progenitor sustractor), de manera unilateral, es decir, sin el consentimiento del otro progenitor (el progenitor privado del menor) y sin autorización judicial, traslada o retiene a un hijo menor de 16 años desde el Estado donde éste reside habitualmente a otro Estado diferente de manera ilícita, esto es, sin estar autorizado para hacerlo.

Para poder obtener la restitución de un menor trasladado o retenido ilícitamente, resulta de aplicación el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Ese Convenio ha sido firmado por España y un total de 90 países y únicamente es aplicable entre dichos Estados firmantes.

El Convenio de La Haya establece un sistema de cooperación entre Autoridades Centrales y una acción para el retorno inmediato del menor al país de su residencia habitual.

Cada Estado firmante del Convenio ha designado una Autoridad Central. En el caso de España la Autoridad Central es la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia.

“EL CASO DE JUANA RIVAS”:

El Ilmo. Sr. D. Manuel Piñar Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada condenó a Juana Rivas Gómez como autora de dos delitos de sustracción de menores del Art. 225 bis. 2. 1º y 2º del Código Penal, a la pena de dos 2 años y 6 meses de prisión por cada uno de ellos, con accesoria de privación del ejercicio de la patria potestad durante 6 años respecto de sus dos hijos y a que indemnizase al padre de dichos menores en la cantidad de 30.000 Euros, así como al pago de las costas procesales, al considerar probado que:

El 18 de mayo de 2016, Juana Rivas Gómez se trasladó a Granada desde Carloforte (Italia), donde previamente había fijado su residencia la de sus hijos y la del padre de estos, Francesco Arcuri, y donde los menores estaban escolarizados, manifestando que lo hacía para visitar a la familia y mostrando la intención de regresar nuevamente en el plazo de un mes a la residencia familiar. Sin embargo, no lo hizo, manifestando a este que estaba enferma, cuando en realidad había tomado la decisión de no retornar con los hijos a Carloforte y mantenerlos con ella en Granada, e interponiendo denuncia por malos tratos contra el padre de los menores en Granada, que se archivó por falta de competencia. Decisión que le comunicó a Francesco Arcuri en agosto de 2016, a la vez que matriculó a sus hijos en la localidad granadina de Maracena.

En esa situación, Francesco Arcuri promovió y obtuvo la guarda y custodia provisional de los dos menores ante el Tribunal de Cagliari y promovió el correspondiente procedimiento de devolución de menores ante el Ministerio de Justicia de Italia, invocando el convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980. En consecuencia, el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granada dictó sentencia el 11 de julio de 2017 en la que acordó la inmediata restitución de los menores a Italia como Estado de residencia habitual de los mismos, sentencia que fue apelada y desestimada por la Audiencia Provincial de Granada, que mantuvo la misma resolución del Juzgado de instancia. Juana Rivas no cumplió voluntariamente el fallo de la sentencia, por lo que, en fase de ejecución forzosa, fue requerida por dicho Juzgado para que entregase a los dos menores el día 26 de julio de 2017, sin que se presentase ni diera explicaciones sobre su inasistencia, iniciando Juana Rivas una campaña mediática de la mano de Francisca Granados Gámez, que adoptó la función de su portavoz y asesora legal, e instando la nulidad de actuaciones de ejecución que fue desestimada por la Audiencia Provincial de Granada, que le volvió a recordar a Juana Rivas su obligación de restituir inmediatamente a los menores. El día 26 de julio de 2017 Juana Rivas decidió ocultarse en compañía de los dos menores en lugar desconocido y Franceso Arcuri interpuso denuncia por desaparición de los niños.

Recurrida en apelación la precitada Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, la Audiencia Provincial de Granada dictó Sentencia el 7 de marzo de 2019 revocando la resolución recurrida únicamente en cuanto a la cuantía de la indemnización que Juana Rivas debe abonar a Francesco Arcuri por daño moral, que se fija en 12.000 Euros, manteniendo íntegros los demás pronunciamientos de la Sentencia apelada.